“Involucrar a las fuerzas armadas en seguridad interior es desprofesionalizarlas y poner en riesgo su gobierno civil y los derechos humanos”, alertaron ayer destacados especialistas en defensa y seguridad en un documento que también suscriben el Grupo Convergencia XXI, el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (Ilsed) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Frente al discurso y las decisiones del gobierno de Mauricio Macri tendientes a traspasar funciones policiales a los militares con el pretexto de combatir supuestas amenazas externas como terrorismo o narcotráfico, destacan que esa línea política es “funcional a la deslegitimación, criminalización y represión de la protesta social y al uso de la inteligencia militar para el espionaje interno” y reclaman “que el sistema político reafirme su compromiso con el principio de demarcación, el control civil de las Fuerzas Armadas y la definición de políticas de defensa y seguridad que privilegien la reducción de la violencia y fortalezcan la institucionalidad democrática”.
El esquema legal e institucional democrático que establece el control político civil de todas las fuerzas y la prohibición de que los militares se entrometan en asuntos internos se basa en normas sancionadas y reglamentadas durante cuatro presidencias distintas, que conforman “el acuerdo intrapartidario más importante conseguido en democracia”, destacan Carlos Acuña, León Arslanián, Alberto Binder, Enrique Font, Ernesto López y Gustavo Palmieri, entre otros. La referencia es a las leyes de Defensa Nacional de 1988 (presidencia de Raúl Alfonsín), de Seguridad Interior de 1991 (Carlos Menem), de Inteligencia Nacional de 2001 (Fernando De la Rúa) y al decreto 727/06 de Néstor Kirchner.
Frente a la declarada intención del gobierno de Cambiemos de derogar el decreto 727 y modificar la Ley de Defensa para permitir la intervención militar en tareas de seguridad, académicos y expertos recuerdan que “el marco normativo actual no veda por completo” esa alternativa sino que la “autoriza y regula de manera bien específica: prohíbe el empleo regular de elementos de combate de las fuerzas armadas en roles policiales y de seguridad pero les otorga un rol de apoyo a las operaciones de seguridad interior”. “Este rol debería ser institucionalizado por mecanismos de gestión permanentes, hoy inexistentes en la práctica”, apuntan también Ileana Arduino, Agustín Colombo Sierra, Hernán Patiño Mayer, Marcelo Saín, Paula Litvachky y Horacio Verbitsky. Si en cambio se otorgan a los militares tareas propias del campo de la seguridad, como las actividades antiterroristas, que ya están asignadas a cuatro fuerzas federales (Gendarmería, Prefectura, policías Federal y de Seguridad Aeroportuaria) entonces se “desvirtuaría el rol profesional de éstas y sería una decisión poco racional desde la perspectiva del gasto público y la organización general de la administración estatal, advierten.
La política de Defensa del gobierno de Macri –explican– se resume en tres ejes: debilitamiento de la demarcación entre seguridad y defensa, debilitamiento de la conducción civil de las fuerzas armadas y discursos tendientes a desdibujar su responsabilidad en el terrorismo de Estado. En paralelo y sin ningún debate sobre política o estrategia de defensa se produjo el anunciado proceso de “racionalización del gasto militar”, un recorte de presupuesto del 10,6 por ciento entre 2016 y 2017 centrado en las partidas destinadas a ciencia, tecnología y producción para la defensa. Al mismo tiempo se anunciaron compras de equipamiento para la detección e interdicción aérea del narcotráfico y para el control de la pesa y del transporte marítimo ilegal, léase las misiones que el macrismo pretende asignar a los militares.
En este contexto el gobierno pretende derogar el decreto 727 a fin de “interpretar al narcotráfico y al terrorismo como amenazas de origen externo para luego asignar a los militares la misión de ‘combatirlas’”, advierten. Esa voluntad de expandir misiones militares “acompañada de una retórica que vincula” ambos flagelos “con actores internos de muy diversa índole” ha sido funciona “a la deslegitimación, criminalización y represión de la protesta social y al uso de la inteligencia militar para el espionaje interno”, enfatizan, y es “especialmente preocupante en un contexto de creciente deterioro económico y conflictividad social y en vista a las respuestas estatales represivas precedentes”.
